La conferencia inaugural del ciclo AGC 2026 analizó cómo marcos regulatorios y modelos estatales impulsaron la inclusión digital, resiliencia y soberanía en América Latina.

El ciclo de conferencias del AGC 2026, realizado en el Distrito Anhembi, en São Paulo, abrió con el panel “Inclusión, Soberanía y Resiliencia: El Papel de las Políticas Públicas para el Futuro de la Conectividad”, que reunió a Carlos Watson (SUTEL), Cristiane Sanches (Abrint) y Pablo Siris (Uruguay).

Con más de 80 horas de actividades previstas hasta el viernes 8 de mayo, el encuentro destacó la importancia de comprender las distintas trayectorias nacionales para evaluar cómo las telecomunicaciones pueden —o no— garantizar el desarrollo en la región, retomando principios definidos desde la llamada “Ronda de Uruguay”, que consolidó las telecomunicaciones como infraestructura esencial para el crecimiento económico.

La experiencia de Costa Rica fue presentada como un caso de apertura regulada del mercado, sustentada por una ley general de telecomunicaciones y por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). El mecanismo de fondo universal permitió llevar internet a zonas remotas del país y beneficiar a familias de bajos ingresos, alcanzando cerca del 18% de la población en situación de vulnerabilidad. Según el regulador costarricense, el modelo ha sido clave para reducir la brecha digital, combinando liberalización del mercado con políticas públicas orientadas a la inclusión social.

Uruguay, por su parte, expuso un modelo con fuerte protagonismo del Estado, basado en una histórica decisión de no privatizar las empresas públicas de servicios esenciales. La estatal Antel lideró el despliegue de banda ancha y, desde 2008, una red nacional de fibra óptica que hoy conecta al 98% del país, con la meta de alcanzar el 100% en los próximos años.

Con inversiones superiores a los mil millones de dólares, el país logró universalizar el acceso, conectar escuelas y organismos públicos, avanzar en gobierno digital y posicionarse entre los más conectados del mundo, demostrando que una regulación estatal activa puede sostener altos niveles de cobertura, competencia balanceada y desarrollo digital.