En el webinar ‘Estado de la piratería de contenidos audiovisuales en Argentina’, organizado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, se expusieron las amenazas que esta práctica ilegal supone para los usuarios, los estados y las industrias creativas.
La pérdida para el mercado legal de la industria audiovisual es de al menos USD 176 millones en Argentina y supera los USD 5000 millones en la región, según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la).
En Argentina hay 26 millones de usuarios únicos mensuales de estos servicios ilegales, que consumen servicios ilícitos de streaming, torrent, y contenido en vivo.
En el webinar participaron empresas como Telecom, DirecTV o MercadoLibre, así como de la CITEL (Organización de Estados Americanos -OEA-) y el Fiscal Horacio Azzolin, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Argentina.
El encuentro, organizado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), tuvo como objetivo cuantificar y exponer la problemática multidimensional de la piratería de contenidos audiovisuales y analizar el estado del marco legal en Argentina, así como los procedimientos de mejora necesaria para alcanzar mejores resultados, con recomendaciones y buenas prácticas internacionales.
En la actividad, participaron empresas como Telecom, DirecTV y MercadoLibre, así como de la CITEL (Organización de Estados Americanos -OEA-) y el Fiscal Horacio Azzolin, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Argentina.
Durante el Webinar, se dialogó sobre la necesidad de cooperación público-privada e interinstitucional, y la incorporación de nuevos actores al trabajo para frenar estas prácticas. A su vez, se abordaron acciones conjuntas para ampliar el conocimiento social sobre los riesgos de seguridad cibernética para los usuarios frente a la piratería.
Para Maryleana Méndez, Directora del cet.la y Secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ‘los procesos de transformación digital presentan grandes retos, tanto en lo relativo a la generación de nuevos contenidos, y también a la necesaria actualización regulatoria. Resulta fundamental que se continúan profundizando los esfuerzos coordinados en combatir el consumo de contenido ilegal’.
Según Méndez, es clave la concientización acerca de las negativas consecuencias de esta práctica para los estados, porque hay un impacto directo sobre los ingresos fiscales, una reducción de ingresos para toda la economía creativa, mientras que también afecta a la seguridad de los usuarios.
En la presentación del Reporte ‘Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina, con foco en Argentina’ (desarrollado por la consultora Ether City), Maryleana Méndez explicó que en Argentina el 45% de los urls analizados a partir de la búsqueda de tópicos relacionados con contenido audiovisual en línea conducen hacia servicios o contenidos ilegales.
Lo mismo ocurre con el 29% de los resultados en Redes Sociales y con el 10% en los marketplaces. Además, cifra la pérdida para el mercado legal en al menos USD 176 millones anuales. En Argentina se produjeron 722 millones de visitas a contenido ilegal en 2019, con 26 millones de usuarios únicos mensuales de estos servicios ilegales, que consumieron servicios ilícitos de streaming (18 millones), Torrent (2,3 millones), y contenido en vivo (5.1 millones).
En la conversación se ahondó en el impacto económico de la piratería online de contenidos audiovisuales y los desafíos en la región para combatirla. Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales de Telecom Argentina afirmó que ‘la concientización es un tema fundamental, todos sabemos que la piratería es un competidor desleal, pero tenemos que saber cómo funciona y cómo fue mutando’.
Francisco Barreto, Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DIRECTV Argentina, expuso que la única manera de asegurar la sostenibilidad del entretenimiento, que es muy importante, y la masificación de la oferta, es a través de una industria legítima.
Por su parte, Horacio Azzolin, Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Argentina, explicó que la piratería ‘puede afectar la seguridad de internet y de las transacciones. Este tipo de actividad desalienta a la industria y afecta a la recaudación estatal, y fomenta organizaciones criminales’.
Para María José Franco, Coordinadora del Grupo de Redacción de la Recomendación de CITEL para acciones de lucha contra la piratería de contenidos y señales de TV, se refirió a la necesidad de encontrar mecanismos que realmente desestimulen y combatan la práctica de esta actividad ilegal. ‘Atendiendo al marco legal de cada país se debe alentar a crear medidas regulatorias o administrativas que tengan la fuerza suficiente de acompañar los tiempos de las tecnologías con debida seguridad jurídica’.
Juan Cichero, Gerente Sr. del Programa de Protección de Marcas de Mercado Libre, explicitó la importancia de combatir y denunciar actividades ilícitas en los Marketplaces. En el primer semestre de 2021, más de 900 mil publicaciones se borraron por denuncias de usuarios y más 6 millones fueron removidas por Mercado Libre, en base al rastreo que hacen con tecnología especializada. En este periodo, más de 20 mil vendedores fueron inhabilitados.
En el Keynote Localización de contenidos ilegales y cómo reducir los efectos negativos de la piratería, Ricardo Mateos, Senior Strategic Project Manager de la empresa española Smart Protection, aseguró que las soluciones para contrarrestar este fenómeno negativo para las economías son acciones judiciales, acuerdos de industria, legislación acorde y un fomento a través de la capacitación. Esto debe ir acompañado con la tarea de monitorización y control para tomar acciones de remediación.
A modo de cierre, Maryleana Méndez aseguró que la región “debe tomar cartas en el asunto en el fenómeno de la piratería”; y señaló que desde el sector privado “seguiremos trabajando sobre el tema porque estamos por una industria legal que produce beneficios, empleo, que paga impuestos, y que esto se traduzca en bienestar para las poblaciones, y la piratería es todo lo contrario”.
