El juicio entablado por la actriz Scarlett Johansson, protagonista de la película “Black Widow”, contra el servicio de streaming Disney Plus, alegando incumplimiento de contrato por haber puesto a disposición de sus suscriptores esta producción cinematográfica al mismo tiempo que se estrenaba en salas, está provocando una conmoción de incalculables proporciones en toda la industria.
Disney rechazó de inmediato esta acción, calificando de ‘muy triste y preocupante’ el accionar de Johansson, por su ‘insensibilidad ante los horribles y prolongados efectos globales de la pandemia Covid-19’, y reportó haberle pagado ya a la actriz 20 millones de dólares por esta producción y afirmó que la difusión global lograda mediante su distribución a través del Premier Access de Disney Plus ‘ha mejorado sustancialmente su capacidad para recibir compensación adicional a esos 20 millones’.
Más allá del conflicto puntual, toda Hollywood enfrenta una polémica que tiene visos de convertirse en muy agresiva: por un lado, los productores de contenidos más importantes del mundo están tratando de llegar directamente a los consumidores a través del D2C (Direct to Consumer), cuyo objetivo teórico es ‘eliminar al intermediario’, que en este caso –-al menos en teoría—serían los cableoperadores y servicios satelitales. Pero, la pandemia cortó la cadena de comercialización vigente durante más de medio siglo, al obligar a cerrar las salas cinematográficas, y planteó la disyuntiva del estreno online directo. Los estudios quedaron con quizás miles de millones de dólares en contenidos sin monetizar. Y este peculiar “stock”, que además envejece, incide en sus resultados contables.
Por otro lado, parecería –no nos consta– que los contratos con los artistas, o al menos en su mayoría, no tienen contemplada aún la compensación económica que ellos tendrán por los ingresos en Streaming. No es difícil imaginar a los representantes y abogados de los actores y actrices clamando, a partir de ahora, una compensación que, en su imaginación al menos, equivalga a lo perdido por la falta de ingresos en salas cinematográficas. Conocida en la jerga del negocio como “backend”, esta cláusula se aplica cuando el estudio ha amortizado totalmente su inversión pero sigue ingresando dinero por el film.
Hay dos aspectos más a considerar: uno, que el dinero recaudado por el Streaming Premium puede ser menor de lo que una familia promedio está dispuesta a gastar en una típica salida al cine, descontado el margen de la cadena de salas cinematográficas. El otro, que al haberse lanzado al mismo tiempo al D2C la mayoría de los estudios de Hollywood y además enfrentar la competencia de los líderes de mercado Netflix y Amazon, la tasa de adhesión a su Streaming puede ser menor de lo planificado y, además, buena parte de quienes se suscriben llegan a través de los mismos sistemas de cable y satélite que los productores han intentado evitar. Se agrega que varios OTTs han estado ofreciendo abonos “largos” (típicamente de un año) a precios entre 30% y 50% menores, lo cual constituye un incentivo para adquirirlos pero también un menor ingreso efectivo de fondos.
La situación ha activado una polémica de enorme complejidad y final incierto, una especie de Caja de Pandora de la que están surgiendo, con fuerza, temas no resueltos e incluso no planteados hasta ahora, como tener que estimar la magnitud del regreso del público a las salas cinematográficas una vez pasada la pandemia, y la remuneración de los artistas y productores en el negocio del streaming, hasta ahora resuelta con pagos fijos, independientemente del resultado posterior del contenido que se va a producir. Para esto, los OTTs debieran reconocer la cantidad de veces que han sido vistos esos contenidos, a lo que se han resistido tenazmente hasta ahora.
