La reunión de telecomunicaciones Mobile World Congress en Barcelona, España tuvo un ingrediente recurrente: la polémica de las telcos y los cableoperadores con los generadores de contenido online, más específicamente las plataformas de streaming, reclamando el pago de un derecho por el uso de las redes.
La discusión no es nada nueva, desde que animó las reuniones de la extinta TEPAL en Panamá durante años. Esencialmente, los medios (tanto las empresas de telecomunicaciones como los cableoperadores, y no habría que olvidar a los ISPs) venían reclamando una compensación económica por la ocupación de sus redes físicas e inalámbricas por las plataformas de streaming, llegando en algunos casos y horarios al 75% de la capacidad instalada. Piden una especie de tasa o impuesto por el movimiento de datos por sus redes.
Las plataformas contestan, y lo reiteró en la conferencia MWC Greg Peters, co-CEO de Netflix, que ellos y sus competidores crean contenidos atractivos que hacen que los suscriptores de los distintos sistemas físicos y aéreos quieran aumentar la capacidad de transmisión y por lo tanto invertir más dinero en el pago de sus abonos. Pasando al ataque, agregó que, con el mismo criterio, los productores de contenidos podrían pedirle a los medios una compensación por el volumen de tráfico generado.
Observadores neutrales señalan que ‘el tema es peligroso por todos lados’, por ser conocida la postura de las autoridades de diversos países en el sentido de querer aplicar impuestos y tasas a la actividad de streaming y en especial cuando el movimiento de datos se origina en el exterior. Las plataformas vienen estableciendo filiales locales y cobrando en moneda nacional en la mayor cantidad de países posible, pero esto a su vez trae aparejada una relación más directa con los avatares económicos locales, como sucede con India, donde el costo mensual –medido en dólares estadounidenses– del abono es muy bajo, y en América Latina, donde varía entre los diferentes países, según el poder adquisitivo de cada población.
Los mismos observadores anotan que, en realidad, se han dado casos de pagos de este tipo a ‘carriers’ (fibra óptica, cable, inalámbricos), por otra circunstancia igualmente riesgosa: la prioridad de comunicación que pueden aplicar los sistemas con redes que lo permiten. Este concepto de prioridad entra en conflicto con la denominada ‘libertad en Internet’, por la cual todos los emisores de contenidos tendrían la misma prioridad, y sería ilegal darle preferencia a unos sobre otros. A su vez, este criterio choca con la autoridad que el propietario tiene sobre su red, y con la circunstancia de que el video requiere un gran volumen de datos y,cuando la capacidad de transporte no es suficiente para todo lo que se requiere transmitir en ese instante, la imagen ‘se congela’ o más frecuentemente cae en resolución (la ‘calidad de imagen’).
El problema de fondo de las plataformas de contenidos es que han sobreestimado la demanda de los mercados mundiales e invertido miles de millones de dólares en contenidos y derechos de transmisión, confiando en un crecimiento constante de su base de consumidores que, después de la pandemia, se ha reducido y una base de clientes cada vez más volátil.
Del otro lado del conflicto, las telcos, los cableoperadores y los ISPs proveedores de Internet están efectivamente obligados a invertir en redes y capacidad de transmisión, pero los costos promedio de instalación han venido bajando por las innovaciones tecnológicas y la competencia entre proveedores de conectividad. El otro factor a tener en cuenta es que la cantidad de proveedores de contenidos aumentará por el crecimiento de los servicios con publicidad SVOD y FAST, con lo cual habrá renovada presión sobre los servicios SVOD pagos. La propia Netflix viene de reducir ciertos precios de suscripción en numerosos países.
